Este convenio, el primero de ámbito nacional, afecta a todos los tipos de servicios veterinarios, incluyendo los que se prestan en centros sanitarios veterinarios, en otros tipos de centros o de manera ambulatoria, y tanto los dedicados a animales de compañía como a los de trabajo y a los de producción, así como también a otras actividades veterinarias tales como laboratorios de bromatología.

Actualmente, el borrador del convenio está siendo revisado por los servicios jurídicos del Ministerio de Trabajo, antes de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento a partir del cual será efectivo de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2020.

Durante este proceso, existe la posibilidad de impugnarlo, y de hecho, en el sector han corrido rumores de que ya se ha solicitado, habiendo trascendido un escrito de solicitud de impugnación tipo, al que ha tenido acceso Animal’s Health, para que los veterinarios que no estén conformes con el convenio puedan pedir a la Dirección General de Trabajo que actúe de oficio.

Por otra parte, Sergio López Valdelvira, presidente de la Asociación Empresarial Veterinaria Española (AEVE), ha confirmado a Animal’s Health que, efectivamente, desde su asociación han pedido la impugnación del convenio, pero con un escrito propio independiente al que ha circulado.

Asimismo, este medio ha podido saber por distintas fuentes que este martes 18 de febrero se ha celebrado una reunión en el Ministerio de Trabajo a petición de un grupo de empresarios descontentos. La representante legal de este grupo asegura a este medio que no quieren impugnar estrictamente el convenio, algo que consideran necesario, sino que la solicitud de impugnación y la reunión con Trabajo son debidas a que consideran, jurídicamente, que CEVE carecía de representatividad cuando se sentó a negociar.

López Valdevira considera que esta es también la principal razón para su solicitud, y lamenta el secretismo, pues asegura que no tuvieron “noticia alguna” del texto, ya firmado, hasta su publicación a través de redes sociales. “En ningún momento nos han consultado opinión alguna”, asegura.

La normativa señala, en términos generales, que en los convenios colectivos sectoriales, en representación de los empresarios estarán legitimados para negociar las asociaciones empresariales que cuenten con el diez por ciento de los empresarios.

El empresario no ha querido entrar a valorar el contenido del convenio, algo que harán cuando se conozca el resultado de su solicitud. Asimismo, asegura que las razones no son salariales, pues señala que la mayoría de sus socios “están por encima” de las contribuciones mínimas contempladas en el convenio.

CEVE RESTA IMPORTANCIA

Desde la mesa de negociación tanto  la presidenta de CEVE, Delia Saleno, como Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, que se han mostrado confiados con que el convenio termine saliendo adelante.

Delia Saleno asegura que siempre que se firma un convenio colectivo por primera vez hay “ruido y revuelo”. Respecto a la falta de representatividad, defiende que desde que se comenzó a fraguar la redacción del convenio hace 3 años se impulsó una plataforma inicial para dar forma a la parte empresarial de la mesa negociadora, un proceso que duró un año y medio y en el que asegura que se permitió participar a cualquier empresario de la confederación CEVE interesado.

Saleno asegura que cuando se constituyó la mesa negociadora contaban con “mucho más” del 10% de representatividad. De hecho, señala que los propios sindicatos reconocieron su representatividad cuando firmaron el convenio.

En todo caso, señala que son la única asociación patronal afiliada a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). “Si nosotros no negociamos el convenio lo negocia CEOE, y nosotros formamos parte”, asegura Saleno, que indica que cuando no se reconoce a ninguna asociación mayoritaria es precisamente la CEOE la que se sienta en la parte patronal.

Asimismo, asegura que no han ocultado en ningún momento la negociación, y que la han publicitado a través de los medios, e incluso se convocó a los vocales de las asociaciones territoriales de CEVE para presentarles el texto antes de la firma. “Los que no han participado ha sido por su propia voluntad”, insiste.

Por último, no espera que el Ministerio de Trabajo tenga algún inconveniente con el convenio más allá de pequeñas modificaciones técnicas, ya que cuando se registró el borrador también se aceptó la representatividad de las partes firmantes.

Por todo esto, advierte que el convenio será de aplicación desde el momento de su publicación en el BOE, y que si deciden impugnarlo en los tribunales podrán hacerlo, pero con el texto en vigor.

LOS SINDICATOS DEFIENDEN LA REPRESENTATIVIDAD

Por su parte, Antonio Cabrera ha defendido que desde los sindicatos se ha negociado el convenio con CEVE porque “es una patronal que cuenta con el aval” de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

“Nosotros vamos a poner en valor un convenio que ha venido para regular un sector”, ha destacado Cabrera, señalando que “hay gente interesada en que la profesión veterinaria no se regule que utilizará la vía que considere oportuna, como es la de la impugnación”.

No obstante, el secretario general apunta que tendrá que ser el Ministerio de Trabajo quien decida si acepta esta impugnación. En este sentido Cabrera defiende que el convenio se ha realizado siguiendo los pasos que dictamina la ley y por lo tanto, no cree que la impugnación vaya a salir adelante, aunque recalca que serán los impugnantes quienes tendrán que demostrar si cuentan con más representación que CEVE.